Prevención, atención, y combate a la violencia armada basada en género desde una perspectiva de derechos humanos
El Salvador ha sido considerado durante muchos años como uno de los países más violentos de América Latina. En la última década, el año con más homicidios y feminicidios fue 2015, reportando más de 6,000 personas muertas; de éstas 575 eran mujeres. Desde esa fecha hasta agosto de 2020, más de dos mil mujeres han perdido la vida, y en un 70% de estas muertes están relacionadas las armas de fuego.
Lamentablemente, los feminicidios no es la única forma de violencia armada contra las mujeres, pero es la que más visibilizan los medios de comunicación, provocando un gran impacto en la población salvadoreña. La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres la cual tiene vigencia desde el año 2011, — que es resultado de la lucha de varias organizaciones que velan por los derechos de las mujeres –, establece además de la violencia feminicida: la económica, física, psicológica, patrimonial, sexual y simbólica. Estos tipos de violencia tiene como propósito causar obediencia, culpa y otros daños a las mujeres, jóvenes, adolescentes y niñas por parte de quien las agrede.
Sobre los victimarios, se habla poco; pero se identifican desde parejas sentimentales, familiares, vecinos, amigos, incluso se registran casos cometidos por agentes de autoridad. Muchos de los feminicidios quedan en total impunidad, esto a pesar que nuestro país cuenta con marcos institucionales, legales nacionales e internacionales para la prevención, combate y erradicación de la violencia hacia las mujeres.
En El Salvador, organizaciones sociales, especialmente de mujeres, durante muchos años, han venido alzado la voz para que las leyes que regulan, previenen y sancionan la violencia hacia las mujeres no sean letra muerta, para que los jueces y juezas apliquen pronta y cumplida justicia a las víctimas sobrevivientes, a las familias de las víctimas — en muchos casos niñas y niños que quedan con el papá en la cárcel y con la mamá lesionada o muerta -, y para que más mujeres denuncien y busquen los mecanismos para protegerse de este tipo de agresiones.
La salida a este flagelo no sólo es responsabilidad de las organizaciones feminista. La respuesta debe surgir especialmente desde el Gobierno central; pero además deben sumarse los gobiernos locales, la empresa privada, la sociedad civil, las iglesias, los medios de comunicación, lo otros Órganos de Estado, la expresión organizativa comunitaria. Todos estos sectores deben sumar y poner en su agenda la planificación y ejecución de políticas y acciones dirigidas a prevenir las violencias en todas sus manifestaciones, pero además a la atención integral de las víctimas. Si queremos construir una sociedad respetuosa de los derechos humanos y promover una cultura de paz, todas y todos debemos alzar la voz para que ninguna mujer muera a causa de las armas pequeñas y ligeras u otros tipos de violencia. Debemos alzar la voz para que, en El Salvador, en lugar de armas se invierta en educación, que en lugar de balas se compren libros.
“¡Alto al fuego Ya! Detengamos la violencia armada en nuestros hogares, calles y campos de batalla
Dina Martínez es abogada, experta en temas de prevención de violencia y seguridad ciudadana. Ha realizado algunos estudios sobre el impacto de la violencia armada. Actualmente se desempeña como coordinadora del área de seguridad jurídica en la Dirección de Acceso a la Justicia de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho — FESPAD –, Institución sustentable con capacidad de aportar en lo jurídico y político a nivel regional, nacional y local, comprometida con los derechos humanos, que propicia la equidad de género, el empoderamiento y el liderazgo social de los grupos más vulnerables.
This blogpost was written as part of IANSA’s “Civil society engagement in support of gender mainstreamed policies, programmes and actions in the fight against small arms trafficking and misuse, in line with the Women, Peace and Security agenda”, which is funded by the United Nations. This document was produced with the financial assistance of the United Nations through contributions received from the European Union. The views expressed herein are those of the Implementing Partner and do not necessarily reflect those of the United Nations or the European Union.
